El PATRIMONIO NACIONAL en España. Un tipo especial de Patrimonio Cultural e Histórico

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¿Qué es el Patrimonio Nacional? La denominación PATRIMONIO NACIONAL ¿es aplicable a todo el Patrimonio Cultural e Histórico de España o solo a una parte de él? ¿Es público o privado? ¿Cómo se regula o se administra y de que Administración depende? ¿Cómo se origina?  ¿Dónde se encuentra? ¿Puede ser visitado?
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Veamos en  este post qué es el PATRIMONIO NACIONAL  de España y las leyes que le afectan. Queremos hacerlo del modo más claro posible tomando como referencia las publicaciones de dos juristas, vinculados a la enseñanza que hablan sobre este tipo de patrimonio, y  también los textos de las propias leyes que regulan este tipo de Patrimonio.

Los autores desde los que partimos y en los que nos apoyamos como fuentes, son Javier GARCÍA FERNÁNDEZ y Mª Victoria GARCÍA-ATANCE y GARCÍA MORA, Catedrático y profesora titular, ambos de Derecho Constitucional, de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en el primer caso, y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en el segundo caso.

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En primer lugar,  hay que aclarar que el denominado PATRIMONIO NACIONAL es solo una parte de todo el PATRIMONIO CULTURAL e HISTÓRICO existente en España.

Los bienes del PATRIMONIO NACIONAL como indica GARCÍA-ATANCE, se proyectan como bienes del Estado sometidos a un régimen singular  y a un régimen jurídico específico que está  determinado en varias leyes  creadas y publicadas entre 1982 y 2011:

  • La Ley del Patrimonio Nacional 23/1982, de 16 de junio,
  • El Reglamento de esta Ley, que fue aprobado por el Real Decreto 485/1987, de 18 de marzo.
  • Con carácter supletorio la Ley de Patrimonio del Estado y en su caso la del Patrimonio Histórico-Artístico Nacional;
  • excluyéndose, en consecuencia, el régimen de propiedad de los particulares que establece el Código civil en su artículo 342. (GARCÍA-ATANCE, 1991).

A estas leyes hay que añadir tres Reales Decretos más, realizados entre 1989 y 2011, que han modificado algunos aspectos de la ley 23/1982 reguladora del PATRIMONIO NACIONAL  y de su Reglamento, aprobado por R. D. de 1987, de 18 de marzo, y que son:

  • Real Decreto 694/1989, de 16 de junio;
  • Real Decreto 2208/1995, de 28 de diciembre
  • Real Decreto 600/2011, de 29 de abril,

Este  grupo especial de bienes,  que forman el PATRIMONIO NACIONAL, está gestionado por un Consejo de Administración autónomo, creado expresamente, y que funciona como un Organismo Público adscrito al Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España con funciones de Administración Cultural.

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Vamos a profundizar un poco más en el tema.

La ley de 23/ 1982 de 16 de junio  en su artículo segundo  dice que  el PATRIMONIO NACIONAL está constituido por aquellos bienes que son de titularidad del Estado y que están afectados,  al uso y servicio del rey y su familia para el ejercicio  de la  alta representación que les atribuyen la Constitución y las leyes.

Ley de 23/ 1982 de 16 de junio. Artículo segundo 
Tienen la calificación jurídica de bienes del Patrimonio Nacional los de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real Familia para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes les atribuyen.
Además se integran en el citado Patrimonio los derechos y cargas de Patronato sobre las Fundaciones y Reales Patronatos a que se refiere la presente Ley.
 

Pero esto no fue siempre así, GARCÍA FERNÁNDEZ nos cuenta que hasta  la década de los 60 del siglo XIX no hubo distinción clara entre los bienes del Estado adscritos a la Corona y los bienes particulares de los Reyes. La Ley de 12 de Mayo de 1865 aclaró su delimitación jurídica y reguló el Patrimonio de la Corona como conjunto de bienes que administraba ésta, con autonomía de gobierno.

GARCÍA- ATANCE dice que con esta ley  de 1865, se fija el conjunto de bienes que formarían en lo sucesivo el Patrimonio de la Corona, vendiéndose lo demás a favor del Estado, a fin de descargar a la Hacienda pública de sus deudas. Del dinero de la venta se destinaría el 75% al Tesoro y el 25% a la Casa de S.M. el Rey (…). Con esta ley, afirma la jurista y profesora de la UNED,  por primera vez en nuestra historia se define el contenido y alcance enumerativo de estos bienes, y por primera vez se establece que el patrimonio de la Corona es indivisible, inalienable e imprescriptible, requiriéndose una ley para todo tipo de donaciones o enajenaciones.

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La misma autora nos explica a continuación y de forma muy clara,  la evolución legislativa del Patrimonio Nacional  en el periodo que va desde  el final de la Revolución de 1868 hasta la época  de la dictadura franquista:

-“Finalizada la Revolución de 1868 con la expulsión de la Reina, la Constitución de 1869 silencia la cuestión, limitándose a la fórmula usual en su artículo 76 de la Dotación al Rey al principio de cada reinado, y la Ley de 18 de diciembre de 1869, declaró extinguido el Patrimonio de la Corona: “Los bienes y derechos comprendidos bajo la anterior denominación y la de Real Casa, revierten en pleno dominio al Estado. Los bienes que se incorporan al Estado se declaran en estado de venta, a excepción de losque se destinan a uso y servicio del Rey; los que por su carácter histórico y artístico deban conservarse, y los que convenga conservar para el servicio del Estado”. Por tanto, esta Ley de 18 de diciembre de 1868 es especialmente progresista al mencionar por primera vez la titularidad del Estado sobre estos bienes y únicamente su afectación a uso y servicio del Rey pudiéndose vislumbrar en la misma una gran semejanza con el artículo 2 de la  Ley del Patrimonio Nacional 23/1982, de 16 de junio.

Proclamada la 1ª República el 11 de febrero de 1873 la Ley de 24 de julio de 1873 determinaría la incautación por la Ley de 26 de junio de 1876, devolviendo en gran parte su vigencia a la Ley 12 de mayo de 1865, aunquela Constitución de los Notables guarde silencio al respecto, limitándose en su artículo 57 a la fórmula usual de que la dotación económica al Rey y sufamilia se fijará por las Cortes al principio de cada reinado.

Tras la proclamación de la 2ª República de 1931 se produce la incautación del Patrimonio Real por el Estado, publicándose la Ley de 22 de marzo de 1932 por la que desaparece el Patrimonio de la Corona configurándose así el Patrimonio de la República, definiéndose como destino preferente de dicho Patrimonio: «Los fines de carácter sanitario, docente, social y turístico.» Por primera vez, como afirma GARCÍA FERNÁNDEZ (10), se establece un Consejo de Administración del Patrimonio, autónomo, que depende del Ministerio de Hacienda.

Hay que destacar según GARCÍA- ATANCE, dos características especialmente reseñables de la presente regulación:

  • La existencia de una masa de bienes con destino artístico o medio ambiental (separado del Patrimonio del Estado).
  • Su diferenciación del conjunto de bienes del Patrimonio del Estado, para facilitar su gestión de manera ajena a la administración del Patrimonio del Estado.

Por su parte, en el régimen franquista, la Ley de 7 de marzo de 1940, articula el Patrimonio Nacional como un todo unitario, jurídico indivisible, quedando destinado, en la parte que se precise, al uso y servicio del Jefe del Estado, y correspondiendo su propiedad al Estado. Esta ley sigue en parte la fórmula de 1932, al mantener inalterable la masa de bienes que conforman el Patrimonio Nacional y mantiene, asimismo, el Consejo de Administración. Pero se diferencia, asimismo, en dos aspectos especialmente relevantes:

  • de una parte, porque destina una serie de bienes parael uso y servicio del Jefe del Estado,
  • y en segundo lugar, porque en suregulación aparecen los Reales Patronatos que había suprimido la República.

El tejer y destejer de nuestra historia constitucional  concluye GARCÍA –ATANCE, dejaría también su impronta, en una institución como la del Patrimonio regio que tan íntimamente vinculado ha ido con la evolución de la institución monárquica y de la Jefatura del Estado.”-

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Para GARCÍA FERNÁNDEZ es un hecho claro que, durante la dictadura franquista, la Ley de 7 de marzo de 1940 creó el Patrimonio Nacional, poniéndolo de nuevo al servicio primordial del jefe del Estado y una vez instalada la democracia, la Ley 23/1982, de 16 de junio, puso este Patrimonio al servicio de la Jefatura del Estado de la monarquía parlamentaria, pero también previó el uso de esos bienes con fines culturales.

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El Patrimonio Nacional Administración Estatal. Administración Cultural

Con la Ley 23/1982, de 16 de junio se produce la separación administrativa  definitiva entre Patrimonio Nacional y la Casa del Rey, y se libera a la Corona de la administración del Patrimonio Nacional que pasa a ser gestionado por un nuevo organismo creado para tal fin.

Denominado Consejo de Administración del Patrimonio Nacional  este nuevo ente administrativo se convierte en un  Organismo Público adscrito al Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España con funciones de Administración Cultural.

Ley 23/1982, de 16 de junio.  Artículo primero.
El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional se configura como una Entidad de Derecho público, con personalidad jurídica y capacidad de obrar, orgánicamente dependiente de la Presidencia del Gobierno y excluida de la aplicación de la Ley de Entidades Estatales Autónomas.
Son sus fines la gestión y administración de los bienes y derechos del Patrimonio Nacional.
 
Ley 23/1982, de 16 de junio.  Artículo octavo.
Uno. El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional estará constituido por su Presidente, el Gerente y por un número de vocales no superior a diez, todos ellos profesionales de reconocido prestigio. En dos de los diez vocales habrá de concurrir la condición de miembro del Ayuntamiento en cuyo término municipal radiquen bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Nacional o en alguna de las Fundaciones gobernadas por su Consejo de Administración.
El Presidente, el Gerente y los demás miembros del Consejo de Administración serán nombrados mediante Real Decreto, previa deliberación del Consejo de Ministros, a propuesta y con el refrendo del Presidente del Gobierno. (…)
 

Como explica  GARCÍA-ATANCE:

-“Estos miembros son nombrados  -como establece el artículo 8, apartado 1, de la Ley 23/1982, de 16 de junio, y por su parte el Reglamento de esta ley, en su artículo 66, apartado 2 –  mediante Real Decreto previa deliberación del Consejo de Ministros, a propuesta y con el refrendo del Presidente del Gobierno, desapareciendo así toda prerrogativa regia en su nombramiento.

Aquí se hace especialmente patente la separación administrativa entre el Patrimonio Nacional y la Casa del Rey de que hace gala nuestra Constitución, como afirma C. FERNÁNDEZ-MIRANDA (35)  toda vez que la Casa Real no administra estos bienes, recayendo, por el contrario, esta obligación en el Consejo de Administración, el cual libera a la Corona de esta responsabilidad, que, como señala GARCÍA FERNÁNDEZ (36), se hace recaer en un organismo ad hoc, y de la que en último extremo será responsable el Gobierno(…).

Este Consejo de Administración ejerce, como afirma BASSOL COMA (37), unas funciones fiduciarias respecto a los bienes que integran el Patrimonio Nacional. Su administración no se encomienda, pues, al Ministerio de Hacienda (Dirección General del Patrimonio), sino a un órgano ad hoc, dependiente de la Presidencia del Gobierno y no ya de la Corona, consiguiéndose así una separación auténtica de la Corona en su doble vertiente administrativa: gracias a la gestión del Patrimonio Nacional por un Consejo de Administración autónoma, y presupuestaria, merced a la desvinculación de aquélla, al configurar una masa de bienes de titularidad estatal, quedando únicamente vinculados a la Corona por su característica de afectación al uso y servicio de aquélla; y siguiendo, a efectos económicos, un régimen ajeno a la dotación económica de la Corona, a la que alude la profesora FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR (38).”-

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El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional  o  PATRIMONIO NACIONAL a secas,  administra y gestiona los bienes cedidos al Estado por la Corona, conservando su derecho de uso, con un triple objetivo: poner a disposición de todos los ciudadanos uno de los conjuntos culturales más importantes de Europa, conservar y restaurar sus bienes históricos, y preservar y respetar el medio ambiente, flora y fauna de los bosques y jardines que administra.

Así se recoge en el artículo tercero de la ley de 1982:
En cuanto sea compatible con la afectación de los bienes del Patrimonio Nacional, a la que se refiere el artículo anterior, el Consejo de Administración adoptará las medidas conducentes al uso de los mismos con fines culturales, científicos y docentes. Asimismo velará por la protección del ambiente y por el cumplimiento de las exigencias ecológicas en los terrenos que gestione y, especialmente, en el monte de El Pardo.
 
Y en el artículo 26 del Reglamento de la Ley de 1982. Aprobado por Real Decreto  494/1987 :
1. En el uso de los bienes del Patrimonio Nacional se velará especialmente por la protección del ambiente y por el cumplimiento de las exigencias ecológicas en los terrenos que gestione y, especialmente, en el Monte de El Pardo.
2. El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional adoptará las medidas necesarias para la adecuada utilización de los bienes a tales fines y podrá suspender en cualquier momento su uso por Entidades o particulares cuando advirtiere que el mismo pueda suponer un deterioro o agresión al medio ambiente o a las exigencias ecológicas.

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GARCÍA FERNÁNDEZ  insiste en el hecho de que, la propia Ley de 1982 señala la vocación de estos bienes para ser usados con fines culturales, científicos y docentes, y además establece  que todos los que posean valor histórico les será de aplicación la legislación sobre Patrimonio Histórico; esto ocurriría así aunque la Ley  de 1982, no lo dijera, aclara el catedrático, ya que los inmuebles más representativos del Patrimonio Nacional, así como muchos de sus bienes muebles, forman parte indiscutible del Patrimonio Histórico español según lo define la LPHE, y la mayoría han sido declarados BIC.

Todo ello  Lo podemos ver reflejado en el artículo sexto de  Ley 23/1982
Uno. Esta Ley y el Reglamento que se dicte para su ejecución regulan el régimen jurídico de los bienes y derechos del Patrimonio Nacional. Se aplicará, con carácter supletorio, la Ley del Patrimonio del Estado.
 
Dos. Los bienes y derechos integrados en el Patrimonio Nacional serán inalienables, imprescriptibles e inembargables, gozarán del mismo régimen de exenciones tributarias que los bienes de dominio público del Estado, y deberán ser inscritos en el Registro de la Propiedad como de titularidad estatal.
 
El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional podrá interesar del Ministerio de Hacienda, en relación con los bienes y derechos a que se refieren los dos artículos precedentes, el ejercicio de las prerrogativas de recuperación, investigación y deslinde que corresponden al Estado respecto de los bienes de dominio público.
 
Tres. A los bienes que tengan valor o carácter histórico-artístico les será también de aplicación la legislación sobre patrimonio histórico-artístico nacional.
 
Y también  en el artículo 11 del Reglamento de esta Ley, Real Decreto  494/1987
1. En todas las cuestiones relativas al régimen jurídico de los bienes y derechos no reguladas en el presente Reglamento, se aplicará supletoriamente la legislación del Patrimonio del Estado.
2. A los bienes que tengan valor o carácter histórico-artístico les será también de aplicación la legislación sobre Patrimonio Histórico.
 
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Otra previsión de la Ley de 1982 corroboraba todo lo anterior, según GARCÍA FERNÁNDEZ, al ordenar que se constituyera una comisión de tres expertos encargada de emitir dictamen sobre el Inventario de bienes y derechos de la entidad, y uno de esos tres expertos sería precisamente, la persona a la que le correspondiese ocupar la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura.
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Dicha previsión la encontramos en  la citada  Ley de 1982 en:
 DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
A la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno, mediante Real Decreto, constituirá una Comisión de tres expertos que, en el plazo de seis meses, emitirá dictamen sobre el inventario de bienes a que se refiere el artículo cuarto, ocho. Uno de sus miembros será el Interventor General del Estado o funcionario en quien delegue; el otro será propuesto por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y el tercero será el Director general de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas o funcionarios en quien delegue.
El dictamen se someterá al Gobierno, quien lo remitirá a las Cortes Generales.
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 La Ley 23/1982, de 16 de junio, señala también en sus artículos cuarto y quinto, cuales son los bienes que integran el PATRIMONIO NACIONAL:

Artículo cuarto.
Integran el Patrimonio Nacional los siguientes bienes:
Uno. El Palacio Real de Oriente y el Parque de Campo del Moro.
Dos. El Palacio Real de Aranjuez y la Casita del Labrador, con sus jardines y edificios anexos.
Tres. El Palacio Real de San Lorenzo de El Escorial, el Palacete denominado la Casita del Príncipe, con su huerta y terrenos de labor, y la llamada «Casita de Arriba», con las Casas de Oficios de la Reina y de los Infantes.
Cuatro. Los Palacios Reales de la Granja y de Riofrío y sus terrenos anexos.
Cinco. El monte de El Pardo y el Palacio de El Pardo, con la Casita del Príncipe. El Palacio Real de la Zarzuela y el predio denominado «La Quinta», con su Palacio y edificaciones anexas; la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, el Convento de Cristo y edificios contiguos.
Seis. El Palacio de la Almudaina con sus jardines, sito en Palma de Mallorca.
Siete. Los bienes muebles de titularidad estatal, contenidos en los reales palacios o depositados en otros inmuebles de propiedad pública, enunciados en el inventario que se custodia por el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
Ocho. Las donaciones hechas al Estado a través del Rey y los demás bienes y derechos que se afecten al uso y servicio de la Corona.
Para la exacta delimitación de los bienes enumerados en los seis primeros apartados de este artículo, se atenderá al perímetro fijado por los correspondientes Decretos de declaración de conjunto histórico-artístico. En su defecto, se seguirá el criterio de preservar la unidad del conjunto monumental.
A los efectos de esta Ley se entiende por «Monte de El Pardo» la superficie de terreno que, bajo este nombre, aparece descrita en los planos del Instituto Geográfico Nacional.
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Artículo quinto.
Forman parte del Patrimonio Nacional los derechos de patronato o de gobierno y administración sobre las siguientes Fundaciones, denominadas Reales Patronatos:
Uno. La Iglesia y Convento de la Encarnación.
Dos. La Iglesia y Hospital del Buen Suceso.
Tres. El Convento de las Descalzas Reales.
Cuatro. La Real Basílica de Atocha.
Cinco. La Iglesia y Colegio de Santa Isabel.
Seis. La Iglesia y Colegio de Loreto, en Madrid, donde también radican los citados en los apartados precedentes.
Siete. El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, sito en dicha localidad.
Ocho. El Monasterio de Las Huelgas, en Burgos.
Nueve. El Hospital del Rey, sito en dicha capital.
Diez. El Convento de Santa Clara, en Tordesillas.
Once. El Convento de San Pascual, en Aranjuez.
Doce. El Copatronato del Colegio de Doncellas Nobles, en Toledo.

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Estos bienes muebles e inmuebles, pueden ser visitados in situ, o virtualmente a través de la página web de PATRIMONIO NACIONAL en la que  al final de la presentación leemos:

-“Patrimonio Nacional abre sus espacios, los Palacios, Conventos y Monasterios, los Jardines y Colecciones, para que tanto el estudio como la investigación y la visita pública sean accesibles y gratas para todos.”-

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Veamos a continuación, con GARCÍA FERNÁNDEZ, algunas características importantes del Reglamento de la Ley  23/1982:

El reglamento de la Ley de 1982. Aprobado por Real Decreto  494/1987, corrobora la dimensión cultural de los bienes del Patrimonio Nacional y, entre otras cuestiones, detalla el inventario General de Bienes y Derechos que integran el Patrimonio Nacional, siendo uno de sus epígrafes los muebles de carácter histórico o valor histórico, con los datos que habrá de contener o su reproducción fotográfica.

Podemos verlo en el texto del citado Real Decreto:

  • TÍTULO II: Del régimen jurídico de los bienes y derechos del Patrimonio Nacional,  CAPITULO II: Del inventario general de los bienes y derechos del Patrimonio Nacional

Esta norma agregó la previsión de que las entidades culturales, científicas y docentes podrán solicitar del Consejo de Administración el uso temporal de estos bienes y atribuyó a este órgano la facultad de aprobar programas de  difusión de sus valores históricos y artísticos, y la de proponer a las entidades culturales, científicas y docentes el uso de dichos bienes de forma compatible con sus fines. El Reglamento reguló también con detalle los contratos de depósito de bienes históricos y el régimen de visitas públicas con el mismo principio de gratuidad que contempla la legislación del Patrimonio Histórico.

Localizamos estos aspectos en el reglamento del Real Decreto:
  • TÍTULO II: Del régimen jurídico de los bienes y derechos del Patrimonio Nacional:
    • CAPÍTULO IV: Del uso y exploración de los bienes y derechos del Patrimonio Nacional
    • CAPÍTULO V: De la conservación y depósito de los bienes del Patrimonio Nacional

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Por último, en la estructura orgánica del Consejo de Administración, el Reglamento, incorporó una secretaría de Patrimonio Histórico encargada del mantenimiento de los inmuebles, del inventario, conservación y restauración de los bienes, del cuidado de los museos, del desarrollo de los programas culturales y de la administración y conservación del archivo histórico-documental.

Lógicamente, afirma GARCÍA FERNÁNDEZ,  ello tiene reflejo en su relación de puestos de trabajo, que desde finales de la década de los ochenta del siglo XX pasado, dispone de funcionarios de los Cuerpos Facultativos de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, y de Conservadores de Museos.

Ley de 1982. Artículo diez
El personal al servicio del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional estará integrado por funcionarios de las diversas Administraciones públicas y por trabajadores contratados con arreglo a la legislación laboral.
Los funcionarios que presten sus servicios en el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional quedarán en la situación administrativa que les corresponda, de acuerdo con las normas aplicables a su Cuerpo de procedencia.
 
La web de PATRIMONIO NACIONAL también tiene un espacio dedicado a Ofertas Laborales y Convocatorias de Becas

GARCÍA FERNÁNDEZ concluye su análisis indicando que, tanto por la naturaleza de los bienes que administra como por las previsiones de conservación que la Ley y el Reglamento encomiendan a su Consejo de Administración, El PATRIMONIO NACIONAL constituye, al menos desde la Segunda República, una de las administraciones culturales más solidas y potentes de España.

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Real Biblioteca.  Trujillo del Perú. Vol. II: Partituras, retratos, diccionarios

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Hay que apuntar no obstante, y ya para finalizar  esta entrada  sobre el PATRIMONIO NACIONAL en labrujulazul.wordpress.com, que la estructura orgánica del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL fue modificada para asegurar la eficacia de su gestión  en tres ocasiones desde 1989 a 2011,  mediante los Reales Decretos 694/1989, de 16 de junio;  Real Decreto 2208/1995, de 28 de diciembre, y el último, llevado a cabo en 2011, el Real Decreto 600/2011, de 29 de abril, del que os dejamos el texto completo en las Fuentes y Referencias de este post.

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El PATRIMONIO NACIONAL en España.
Un tipo especial de Patrimonio Cultural e Histórico.
 Post escrito por  Inés Martínez Rodríguez
 labrujulazul.wordpress.com. Octubre 2012

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Fuentes y Referencias bibliográficas / web:

EL PATRIMONIO NACIONAL”. Mª  VICTORIA GARCÍA-ATANCE Y GARCÍA DE MORA. Profesora Titular de Derecho Constitucional. UNED. Revista de Derecho Político, núm. 33, 1991, pp. 151-171.
“El Patrimonio Nacional como Administración Cultural”. Javier García Fernández. Catedrático de Derecho Constitucional. UCM. En Manual de Gestión del Patrimonio Cultural. De Mª Ángeles Querol. Madrid 2010
Ministerio de la Presidencia
Madrid PECAM10  (2012-2015)
 
Ley  23/1982, de 16 de junio, que regula el Patrimonio Nacional
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-15230
http://www.boe.es/boe/dias/1982/06/22/pdfs/A16948-16950.pdf
 
El reglamento de la Ley de 1982. Aprobado por Real Decreto  494/1987
 
LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE de 29 de junio de 1985)
 
Real Decreto 600/2011, de 29 de abril, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del PATRIMONIO NACIONAL, aprobado por Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo (BOE del 30)
 
Web de PATRIMONIO NACIONAL
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